El relato oficial y la realidad
El Gobierno presenta su reforma como una modernización del sistema de cotización por ingresos reales. Pero los datos revelan otra cosa: una escalada fiscal sin precedentes que amenaza la sostenibilidad del trabajo autónomo en España.
Recaudación: una escalada sin freno
Desde que se implantó el nuevo sistema en 2023, la Seguridad Social ha recaudado 1.200 millones de euros adicionales respecto al modelo anterior. Pero eso era solo el principio.
En 2025, la previsión es de 13.000 millones. En 2026, 15.000 millones. En 2027, 16.800 millones. En 2028, 18.700 millones.
En solo tres años, el Estado pretende extraer 5.700 millones más del colectivo autónomo. Eso supone multiplicar por cinco el incremento logrado entre 2023 y 2025.
Subida de cuotas: penalización encubierta
La subida no es simbólica. Es estructural. En los tramos medios y altos, las cuotas mensuales aumentan entre 90 y más de 600 euros en tres años. Un autónomo con ingresos superiores a 6.000 euros mensuales pasará de pagar 590 euros en 2025 a más de 1.200 euros en 2028.
¿Dónde está el incentivo al crecimiento? ¿Dónde la protección frente a la estacionalidad, la incertidumbre, la fragilidad del trabajo autónomo?
El autónomo medio: más presión, menos margen
El sueldo medio de un autónomo en España ronda los 1.500 euros netos mensuales. Con esa cifra, se sitúa en el tramo 6 del sistema, que pasa de 320 euros en 2025 a 378 euros en 2028.
Esto supone una subida de 58 euros mensuales, o 696 euros anuales, sobre un ingreso que apenas supera los 18.000 euros netos al año. En términos relativos, el autónomo medio verá aumentar su cotización un 18 % en tres años, sin que sus ingresos crezcan al mismo ritmo.
Comparativa con asalariados: desigualdad estructural
Un asalariado medio aporta solo el 28–30 % de su cotización; el resto lo cubre la empresa. El autónomo, en cambio, paga el 100 %. A pesar de representar el 17 % de los afiliados, los autónomos apenas aportan el 8,5 % de la recaudación total de la Seguridad Social.
No porque trabajen menos, sino porque el sistema les obliga a cotizar por bases mínimas, sin reparto, sin protección equivalente.
¿Los autónomos no son trabajadores?
Una de las incoherencias más graves del sistema actual es el trato institucional hacia los autónomos. Se les exige como contribuyentes, pero se les ignora como trabajadores.
Las políticas sociales —pensiones, bajas, protección por desempleo, conciliación— se diseñan pensando en el régimen general. El autónomo queda fuera o recibe prestaciones mínimas, incluso cuando cotiza en los tramos más altos.
¿Acaso no generan empleo, valor, ingresos fiscales y actividad económica? ¿No sostienen el comercio, la innovación, los servicios, la producción? ¿Por qué se les penaliza fiscalmente y se les excluye socialmente?
La reforma no corrige esta incoherencia. Al contrario: la agrava. Se paga más, se exige más, pero no se reconoce ni se protege al autónomo como parte del sistema laboral. Es una política fiscal sin política social. Una contradicción estructural que ningún Gobierno ha querido resolver.
Diagnóstico: una reforma que no reforma
El discurso oficial habla de progresividad. Pero la realidad es otra: penalización encubierta, complejidad burocrática y una regularización anual que sigue siendo opaca, técnica y difícil de anticipar.
El sistema permite cambiar de tramo hasta seis veces al año, pero ¿cuántos autónomos tienen la capacidad contable, fiscal y emocional para hacerlo sin errores?
Además, el incremento de cuotas no se traduce en una mejora proporcional de las prestaciones. Las pensiones de los autónomos siguen siendo significativamente más bajas que las del régimen general, y las bajas por enfermedad o incapacidad continúan cubriéndose con bases mínimas, incluso en tramos altos. Se paga más, pero no se recibe más. La reforma no corrige esta desigualdad estructural, ni mejora la protección real del autónomo.
Cuatro reformas urgentes para un sistema justo
Ante la escalada fiscal prevista hasta 2028, estas son las medidas clave que deberían aplicarse para garantizar un sistema de cotización más equilibrado, transparente y viable para los autónomos:
1. Revisión inmediata del calendario y del modelo cerrado hasta 2031 El Gobierno ha definido subidas anuales hasta 2028 y ha anunciado que no revisará el sistema en profundidad hasta 2031. Esto significa que, aunque el impacto real aún no se ha evaluado, el modelo queda políticamente bloqueado durante seis años. Es imprescindible suspender este calendario cerrado y establecer revisiones periódicas con participación técnica y sectorial.
2. Implantación de un modelo mixto de cotización El autónomo asume actualmente el 100 % de la cuota, a diferencia del asalariado, cuya empresa cubre más de dos tercios. Es necesario avanzar hacia un sistema compartido, donde el Estado asuma parte del esfuerzo contributivo.
3. Activación automática de ajustes ante caídas de ingresos El sistema debe adaptarse a la realidad económica del autónomo. Si los ingresos bajan, la cuota debe ajustarse de forma automática, sin trámites complejos ni regularizaciones tardías.
4. Establecimiento de tramos estables y predecibles La posibilidad de cambiar de tramo hasta seis veces al año genera confusión y errores. Es necesario limitar los ajustes a un número razonable y definir tramos claros, comprensibles y fiscalmente sostenibles para facilitar la planificación del autónomo.
Esto no es una reforma, es una emboscada fiscal
La reforma de cuotas no moderniza nada. No protege. No equilibra. Es una emboscada fiscal sostenida, diseñada para cuadrar las cuentas públicas a costa de los más vulnerables del sistema.
Cotizar más no es sinónimo de justicia. Y castigar al autónomo por crecer, por sostenerse o por sobrevivir, no es política social: es una renuncia institucional a entender cómo funciona la economía real.
Si no se corrige el rumbo, esta reforma no será recordada como un avance. Será recordada como el momento en que miles de autónomos decidieron que ya no podían más.
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